El vicepresidente Edmand Lara ha inaugurado un espacio en la Vicepresidencia destinado a recibir denuncias directas de corrupción, una medida que, si bien busca canalizar el descontento popular, evidencia la profunda crisis de confianza en las instituciones de control del Estado. Durante el anuncio, Lara denunció recortes de personal y asesores jurídicos en su despacho, interpretados como un intento de asfixia administrativa frente a su agenda de fiscalización. “Nos habrán quitado abogados, pero no la valentía”, sentenció la autoridad, señalando una fricción interna en el Ejecutivo que deja al ciudadano en medio de una pugna de poderes.
Los primeros casos recibidos exponen la descomposición del aparato policial: desde extorsiones a civiles en garajes particulares de Viacha hasta el dramático testimonio de un teniente procesado disciplinariamente tras denunciar a sus superiores. La desprotección de quienes denuncian irregularidades bajo este Gobierno es alarmante; que un oficial deba acudir a la Vicepresidencia entre lágrimas por temor a represalias confirma que los mecanismos internos de la Policía son utilizados para encubrir al mando y castigar la ética. Esta iniciativa de Lara, aunque necesaria ante la inacción ministerial, no deja de ser un paliativo que subraya la ausencia de una política estructural y honesta de saneamiento en las fuerzas de seguridad bolivianas.
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