La aprehensión de Ramiro Villarpando, exgerente de la Empresa Boliviana de Producción Agropecuaria (B-Agro), ha destapado un daño económico que ya supera los 100 millones de bolivianos, según informes de la Fiscalía. El caso, que involucra a otros siete funcionarios administrativos, expone una estructura de contrataciones injustificadas y un manejo discrecional de los recursos estatales que el actual Gobierno no logró fiscalizar a tiempo. Mientras Villarpando enfrenta cargos por conducta antieconómica e incumplimiento de deberes, queda en evidencia cómo una empresa creada para fortalecer la soberanía alimentaria terminó convertida en un foco de drenaje de fondos públicos.
Este nuevo episodio de corrupción en las filas de las estatales pone en entredicho el control interno del Ejecutivo sobre sus cuadros gerenciales. No basta con la persecución penal una vez consumado el desfalco; la mirada crítica exige cuestionar por qué se permite que cifras millonarias se diluyan en burocracias ineficientes mientras los sectores productivos de base enfrentan una crisis de costos. La detención de Villarpando no repara el vacío financiero de una gestión que, en la práctica, parece haber descuidado la protección del patrimonio que pertenece a todas y todos los bolivianos.
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