El Gobierno de Rodrigo Paz Pereira ha formalizado junto a la CAF un endeudamiento de $us 3.100 millones proyectado hasta el año 2030, una cifra que, bajo el rótulo de “Estrategia País”, profundiza la dependencia del Estado boliviano frente a la banca multilateral. Durante el acto en Palacio Quemado, el titular del organismo, Sergio Díaz-Granados, confirmó que ya se han comprometido los primeros $us 918 millones destinados a infraestructura y servicios, con un avance de ejecución que ya roza el 30% de los recursos asignados.
Si bien la narrativa oficial presenta este crédito como un motor para el crecimiento y la inversión en sectores estratégicos como el Salar de Uyuni, la magnitud de la deuda plantea serias dudas sobre la soberanía económica a largo plazo. Desde una perspectiva de fiscalización popular, resulta preocupante que la sostenibilidad del modelo actual repose en el financiamiento externo y en la profundización del extractivismo para cumplir con compromisos financieros. Este esquema de “desarrollo” parece priorizar el alivio inmediato de la caja fiscal antes que una transformación estructural que no hipoteque el futuro de las próximas generaciones de trabajadores bolivianos.
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