Tras una audiencia cautelar marcada por la tensión política, la justicia determinó 180 días de detención preventiva para el alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, en el penal de Palmasola. El proceso, que investiga presuntas irregularidades en 16 proyectos de infraestructura, pone bajo la lupa la gestión de los recursos municipales en la capital cruceña.
Los puntos clave del proceso:
Evidencia de la Contraloría: La imputación se sostiene en una auditoría de la Contraloría General del Estado que detectó obras reportadas como concluidas que, en la práctica, presentan inconsistencias graves o abandono.
Gestión bajo sospecha: El caso fue impulsado por el exconcejal y actual candidato Carlos Manuel Saavedra, quien cuestiona la transparencia en la administración de fondos destinados al desarrollo urbano de los barrios populares.
La postura de la defensa: Los abogados del alcalde califican la medida como “desproporcionada”, argumentando que las obras existen y que las fallas son técnicas y menores (como la ubicación de postes eléctricos), negando un daño económico deliberado.
Crítica al manejo institucional
Desde una perspectiva de fiscalización popular, el caso Fernández vuelve a poner en duda la independencia judicial. Si bien la corrupción en obras públicas debe ser castigada con todo el peso de la ley —especialmente cuando afecta la planificación urbana de las zonas menos favorecidas—, la celeridad del Ministerio Público en este caso contrasta con la lentitud en otros procesos de similar magnitud.
Esta “justicia a cuentagotas” sugiere que el Gobierno utiliza los mecanismos de control de forma selectiva, castigando a figuras políticas solo cuando su ciclo de utilidad o alianza parece agotado, en lugar de establecer una lucha estructural y sistemática contra la corrupción pública y privada.
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